Por decreto, el nuevo gobierno ha decidido aumentar las retenciones al campo, una medida que ha resultado muy previsible por economistas de ambos lados de la grieta, se ha vuelto realidad.
La soja, del 18% al 30%. 12% para el maíz y el trigo y 9% en carne y harina entre otros dígitos establecidos.
Como era de esperarse, ha sido unánime el descontento con la medida, no sólo por un aumento del impuesto sino por los métodos. Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria, Jorge Chemes, presidente de la Confederaciones Rurales Argentinas (C.R.A), Carlos Iannizzotto, presidente del CONIAGRO y Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, entre otros, cuestionaron la resolución y falta de ese supuesto diálogo con el que tan vehemente Alberto Fernández se ha lanzado a su candidatura.
Sumado a un caldeado ambiente de crisis, con frases como «arrancamos mal» de los sectores rurales, se le agrega unos inesperados procesamientos judiciales: al, ya nombrado, Buzzi, a Mario Llambías, ex presidente de C.R.A. y a Luciano Miguens de la S.R.A. en base a las protestas realizadas en 2008 contra la famosa resolución 125 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Del lado oficialista, se ve a esta medida como una reestructuración/actualización de lo ya impuesto por Mauricio Macri , ya que estaba atrasado por la brutal subida del dólar estadounidense a sus actuales $63, también justificado por la fragilidad de la situación productiva y social que castiga al país se le pide «un esfuerzo» al sector al igual que a todos los demás agentes económicos.
Los representantes del campo esperan, con esperanza, que esta medida restrictiva a la producción, a la inversión y al empleo (según sus palabras), sea, como mínimo, acompañado de algún tipo de apoyo para subsanar el daño consecuente que podría causar.
Se reanuda una vieja disputa que vuelve a abrir la grieta entre los que creen que el campo son un puñado de empresas multimillonarias que tienen que cooperar con el país que explotan y los que piensan que el estado les está robando el dinero a las pymes rurales, ahogándolas y llevándolas a la imposibilidad de invertir, de producir y de tomar nuevo personal, provocando una inevitable caída del empleo y de la recaudación de los dólares que con las retenciones se pretende obtener.
Opinión Política Y Social 